Interpondrán una denuncia en los tribunales si en los próximos días el Ejecutivo mantiene el hermetismo
Santander 23 de febrero de 2022.- Los sindicatos TÚ y USO emplazan al Gobierno a acabar de inmediato con el oscurantismo en la aplicación del plan de estabilización del empleo en la Administración regional o denunciarán al Ejecutivo ante los tribunales por vulneración de Derechos Fundamentales.
Para ambas formaciones, el Gobierno regional debe atenerse a la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La misma establece que saldrán a concurso de méritos extraordinario las plazas estructurales que estén o no en la relación de puestos de trabajo (RPT) o en plantillas dotadas presupuestariamente que hayan estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. También tienen que incluir las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016. Las ofertas de plazas deben estar publicadas antes del 1 de junio de 2022, las convocatorias se deben publicar antes del 31 de diciembre de 2022 y los procesos deben estar resueltos antes del 31 de diciembre de 2024.
Antes de la vigencia de la ley, previendo que el volumen de plazas y lo complicado de la negociación de estos procesos, estas organizaciones sindicales están requiriendo a todos los ámbitos de la Administración del Gobierno de Cantabria información, reuniones con los responsables de RRHH de cada uno de los sectores y la posibilidad de abrir un proceso negociador teniendo en cuenta que, según marca la ley, en el mes de junio han de estar ya publicadas las ofertas de estos procesos.
En el sector autonómico (laborales y funcionarios de las diferentes consejerías), el Ejecutivo regional no ha respondido ni a un solo requerimiento, realizado en reuniones y vía correo electrónico, ni a las peticiones de reunión sobre esta materia al presidente de Cantabria, a la consejera de Presidencia, a la directora general de Función Pública, etc., realizado por parte de TÚ y USO sobre los criterios, las plazas, el contenido de las futuras convocatorias o la compatibilidad con procesos internos de movilidad para el personal fijo.
Ante este apretado calendario el Gobierno regional mantiene un hermetismo muy preocupante, máxime cuando en la propia ley se establece que las AAPP deberán certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados. Resulta difícil de comprender la opacidad con la que están gestionando esta situación los responsables de nuestra Administración ante los representantes de los trabajadores si tienen que enviar la certificación de estas plazas al Ministerio.
En la Consejería de Educación se estima un número de plazas sin tener claro el criterio con el que se están seleccionando ante una interpretación unilateral de una norma que difiere de la finalidad con la que se ha desarrollado esta norma, que es reducir la temporalidad al 8%.
En la Consejería de Justicia se van a convocar 25 plazas de Auxilio Judicial que se incluyeron “sin nombres y apellidos” en la oferta de los años 2017-2018 del Ministerio de Justicia. Algunos funcionarios interinos del Cuerpo de Auxilio Judicial llevan en sus puestos hasta 12 años consecutivos. La Dirección General de Justicia tiene la intención de convocar las 25 plazas con más antigüedad y dejar en el paro a estos trabajadores. Similares situaciones se dan en ámbitos de la Sanidad, Administración local, empresas públicas, etc.
Un proceso de tal envergadura, que exige planificación y que ha de estar articulado con la suficiente seguridad jurídica para todos los afectados, se está acometiendo con tal opacidad que lamina gravemente los derechos de las organizaciones y las necesarias normas de transparencia. Además, se está ignorando la inquietud de miles de empleados públicos en la gestión de estos procesos.
Además de la tutela judicial se va a solicitar el amparo de nuestros representantes en el Parlamento de Cantabria.
