Ha anunciado al sindicato que presentará un proyecto de ley al Parlamento con el único fin de sacar al sindicato del órgano consultivo.
Santander a 9 de septiembre de 2021.- El secretario general confederal del sindicato USO, Joaquín Pérez Da Silva y la secretaria general de USO Cantabria, Mercedes Martínez Zubimendi, han comparecido ante los medios informativos para informar que la Consejería de Presidencia del Gobierno cántabro ha comunicado a la dirección del sindicato USO que presentará al Parlamento de Cantabria en los próximos días un proyecto de ley para la modificación de la Ley del CESCAN. Dicho proyecto de ley consistirá exclusivamente en la eliminación del sindicato USO de la composición del órgano consultivo en materia socioeconómica y laboral.
Según los portavoces de la Consejería se han visto abocados a tomar esta decisión “ante el chantaje continuado tanto de CC.OO y UGT, al que se ha sumado CEOE”, para que USO salga del órgano consultivo tras más de 2 años de haberse aprobado la ley por la unanimidad del Parlamento y sin que se haya constituido desde entonces, a pesar de estar nombrados todos sus miembros, incluido su presidencia.
La modificación vía proyecto de ley que se prevé llevar al Parlamento, pretende mantener los 4 grupos en los mismos términos que están en la actual ley y a todos sus componentes, que sumarían 26 miembros, es decir, se hace una ley ad hoc para excluir a los representantes del sindicato USO. Modificación de dudosa legalidad.
Mercedes Martínez informo que el sindicato USO trasladó a los representantes de la Consejería «su más enérgica condena en lo que ha calificado como un acto histórico de cobardía política, un ataque a la libertad sindical y un descrédito del autogobierno y de la soberanía del Parlamento de Cantabria que tras aprobar una ley por unanimidad, el Gobierno ahora cambia sometiéndose al chantaje de CC.OO-UGT y CEOE. Esta claudicación, para la líder sindical, «es el deshonor del Gobierno y en especial del PRC, que sin duda no respeta la condición de que USO sea sindicato representativo en la región, es decir, por encima del 10 por ciento de representación electoral. La dirección de USO les trasladó que este acto pusilánime tendría sin duda un costo político».
Por su parte, el lider nacional del sindicato, Joaquín Pérez Da Silva, dijo que «la cesión al chantaje de UGT-CC.OO y CEOE, por parte del presidente Miguel Ángel Revilla y su consejera de Presidencia, Paula Fernández, deja en evidencia la extrema debilidad de un Gobierno errático que es zarandeado como una marioneta por parte de los poderes fácticos que sólo buscan mantener sus viejos privilegios».
Da Silva mantuvo «que los sindicatos CC.OO-UGT y CEOE, que con este acto coactivo evidencian el temor ante la alternativa sindical real que supone USO en Cantabria, han conseguido doblegar al Consejo de Gobierno y ahora pretende lo mismo con la soberanía popular que reside en el Parlamento». Da silva se mostró muy duro con el Consejo de Gobierno cántabro al que acusó de «haber secuestrado durante dos años una ley que debería constituir el CES precisamente en una de las mayores crisis laborales y sociales de la democracia, es decir, cuando más falta hacía y todo para que USO no se sentará en el órgano consultivo».
El secretario confederal de USO aseveró que «esta claudicación ante este chantaje hace añicos la pretendida pluralidad que el PRC de Rafael de la Sierra quiso dar al CESCAN y al resto de organismos de participación. El partido de Miguel Ángel Revilla comenzó ganando por primera vez unas elecciones políticas y acaba su mandato intimidado, coaccionado y tutelado por dos sindicatos. Esta situación deja en evidencia la capacidad real del PRC para gestionar y liderar una región».
Por último, Da Silva dijo que USO, que mantiene una representación del 11 por ciento, iniciará una batalla en todos los frentes para defender el derecho de libertad sindical, participación y representación. «Los servicios jurídicos confederales han iniciado el análisis de la situación para la defensa de los intereses del sindicato y la posible comisión de actos ilegales y dolosos por parte del Consejo de Gobierno» concluyó.
