La empresa se enfrenta a una sanción tras consumir el plazo de 10 días dado por el Juzgado para la ejecución de la sentencia sobre la retirada de pluses por la subida del SMI
Santander, a 14 de enero de 2022.- La empresa Soemca Empleo, perteneciente al Grupo AMICA, se enfrenta a una sanción como consecuencia de incumplir la resoluciones del Juzgado Nº 6 de Santander de ejecución de sentencia promovida por el sindicato USO.
La filial de AMICA fue requerida el pasado 16 diciembre para que en un plazo de 10 días cumpliera con lo estipulado en la sentencia 157/2021, que adquirió firmeza el pasado 5 de noviembre tras ser ratificada por el Tribunal de Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), y por la cual se condenaba a la empresa a abonar todos los complementos salariales que de manera unilateral había retirado a los trabajadores de SOEMCA. La empresa, que suma un total de 250 trabajadores, los retiró tras la subida decretada por el Gobierno central del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el año 2019 y posteriormente 2020.
La ejecución de la sentencia supone una subida salarial de entre 120 y 160 euros mes para cada trabajador. Otra derivada de la sentencia, el abono de atrasos y que asciende a más de 800.000 euros, deberá ser reclamado a través de demandas individuales y cuya operativa el sindicato USO ya ha puesto en marcha.
Por su lado, la empresa dice haber recurrido la ejecución de títulos judiciales interponiendo dos recursos, uno de revisión y otro de reposición. Ambos recursos van dirigidos contra la forma y no contra el fondo de la resolución judicial, por ello son conocedores que la sentencia es firme y que ambos recursos no son suspensivos, por lo tanto no están acatando la resoluciones judiciales al haber concluido el plazo dado por la magistrada Oliva García Carmona de 10 días, ya superado ampliamente.
Para USO, es inaceptable que una empresa de las características de AMICA, receptora de fondos públicos, no acate las resoluciones judiciales. Soemca recibió una partida extraordinaria de 1.260.837,57 euros del Gobierno de Cantabria para compensar precisamente el impacto en las cuentas de la empresa por la subida del SMI en los trabajadores con discapacidad severa. Precisamente a las personas a las que se les absorbieron los complementos y se les niega esa subida salarial avalada por el TSJC.
