- El Gobierno de Sánchez castiga con dureza a las madres trabajadoras con
una recorte del complemento de maternidad que puede llegar al 73% - Para USO significa un ataque a la maternidad, a las familias numerosas y
un agresión intolerable a la mujer trabajadora
El cambio legislativo vía Decreto-ley que deroga el llamado complemento a la maternidad en las pensiones, que venía regulado en el RD 8/2015 y que apoyaba a aquellas mujeres que han contribuido a la demografía, supone un auténtico hachazo a las pensiones de miles de mujeres cántabras.
El nuevo Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que “se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico”, establece un complemento a todas las mujeres pensionistas por cada hijo en una cantidad fija de 27 euros mes, sin que exista una progresividad por el número de hijos o las aportaciones realizadas a las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta cantidad puede ser percibida tanto por el hombre o por la mujer. Para que el hombre tenga acceso a este complemento tendrá que demostrar que durante los meses posteriores al nacimiento del niño sus ingresos disminuyeron de manera notoria, condición que no afecta a la mujer.
El recorte de las pensiones del Gobierno de Sánchez, que pasa de compensar a las mujeres por su esfuerzo en la natalidad por un supuesto objetivo de “reducir la brecha de género” supone en la práctica un recorte en las pensiones de las mujeres por un valor de miles de millones deeuros en el conjunto del Estado en los próximos años.
El impacto de la nueva ley en las trabajadoras cántabras que serán pensionistas en el corto y medio plazo es considerable. En nuestra región, la generación de mujeres que durante los
próximos 10 años van a acceder a la jubilación suman un total de 20.740. En la década en la que estas trabajadoras estaban en el periodo de más fertilidad el índice de fecundidad se situaba en torno a los 2,26 hijos. Según el INE, en la década de los 80, el 62,8% de las mujeres cántabras tenía 2 hijos y más del 20% tenía 3 o más. Por tanto, de las 20.740 cántabras que accederán en un horizonte cercano a su jubilación ordinaria, cerca del 80% tiene 2 o más hijos, es decir más de 16.000 mujeres cántabras verán reducida su pensión, y que en el caso de familias numerosas la reducción puede llegar a los 4.000 € al año.
Tomando una base reguladora media de una trabajadora ya jubilada de 2.000 euros y que tenga 3 hijos, a su pensión hay que añadirle un complemento de maternidad de 200 euros mes (2.800 €/año) que es el 10% de su base reguladora. Las trabajadoras que accedan a su jubilación a partir de estos momentos, en idénticas circunstancias, percibirá un complemento “por brecha de género” de 81 euros (1.134 €/año), un 59,5% de recorte. En el caso de familias con 4 o más hijos el recorte se dispara. Una mujer pensionista con 4 o más hijos y con una base reguladora de 2.000 euros, viene cobrando mensualmente de complemento 375 €/mes (4.200 €/año) como complemento, ahora esa misma mujer, de acceder a su jubilación tras la entrada en vigor del nuevo Decreto-ley percibirá 108 €/mes (1.512 €/año), un 64% menos. Cantabria mantiene una pensión media en 2021 de 1.258 €/mes, para ese nivel de retribución el recorte a las futuras madres pensionistas con 2 o más hijos oscilará entre el 15% y el 42% del complemento de pensión.
Para USO el nuevo complemento recorta brutalmente las actuales prestaciones de las mujeres, penaliza con saña a las familias numerosas, desincentiva la natalidad que es precisamente el problema más grave al que se enfrenta el actual sistema de pensiones en España. El nuevo Decreto persiste en la discriminación del hombre frente a la mujer y de manera rotunda rompe con el principio básico del sistema de pensiones que es el de la contribuidad, es decir que la pensión se perciba en función de la cotización realizada. USO exige que este nuevo Decreto sea sometido a debate parlamentario y tramitado como Proyecto de Ley dada su importancia para la ciudadanía. Por último, USO afirma que el actual Gobierno, en connivencia con los dos sindicatos
mayoritarios, aplica un perverso igualitarismo a la baja que en realidad esconde un recorte a la mujer trabajadora
