Denuncian la alta tasa de precariedad en el sector público de Cantabria y urgen medidas para acabar con esa lacra que afecta a miles de familias en la región.
Más de un centenar de trabajadores interinos y representantes sindicales, en las que participa la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO Cantabria (FAC-USO), se han concentrado ante Delegación de Gobierno de Cantabria para reivindicar el fin de la precariedad en el sector público. El representante de USO denunció el altísimo nivel de eventualidad en las Administraciones Públicas (AAPP) que concretó en un 28,50% del total de trabajadores de las AAPP en Cantabria, una de la más altas del Estado.
Las cifras de eventualidad por sector y administración es la siguiente: Administración General del Estado un 30% ( 1.650 interinos); Sanidad 30% (3.000 interinos); Educación 38% (3.100 interinos); Justicia 20% (100); Administración local 20% (1.200 interinos). Sumando todas las administraciones resulta que en Cantabria hay a la fecha 8.950 interinos de un total de 31.400 trabajadores públicos.
Esta concentración es el inicio de las movilizaciones del colectivo de interinos que tendrá continuación el próximo día 30 de enero con una manifestación en vehículos por las calles de Santander.
Durante la concentración se leyó un manifiesto que denuncia la situación de precariedad y las reivindicaciones del colectivo que reproducimos.
Manifiesto
Somos profesionales del ámbito sanitario -que os atendemos en urgencias-, del educativo – que cuidamos y educamos a las nuevas generaciones, vuestros hijos e hijas-, del científico, de la psicología, del trabajo social, la veterinaria -que velamos por vuestra seguridad alimentaria-, el servicio de limpieza, la administración, la informática, el sector del transporte, etc.
Somos cientos de miles de personas con nombres y apellidos, que trabajan en favor de unos servicios públicos justos y eficientes.
La Administración, incumpliendo su propia legislación en materia de función pública y la legislación europea, ha abusado de la contratación temporal:
- Cubriendo funciones permanentes con contratos temporales
- Incumpliendo los plazos de contratación temporal que imponen las normas
- Con Procesos selectivos en los que no ofertan todas las plazas vacantes reales
- O no convocando procesos selectivos en los plazos que marca la ley y condenándonos a ser eternos temporales.
QUEREMOS JUSTICIA Y LA QUEREMOS YA
Europa habló hace 21 años. Dio el plazo de dos años para que sus países miembros crearan herramientas para prevenir, sancionar y resarcir a las víctimas de estos abusos.
Las Administraciones españolas han incumplido reiteradamente, y lo siguen haciendo impunemente, la única norma que podía prevenir el Abuso, el Estatuto Básico del Empleado Público.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a hablar en 2020 a través de su sentencia del 19 de marzo y de su Auto de Portugal de septiembre: si un Estado miembro no dispone de una sanción acorde con la Directiva, suficientemente disuasoria para solucionar el abuso de temporalidad, el Derecho Europeo se opone a cualquier legislación de dicho Estado que prohíba hacernos fijos.
España incumple el EBEP y el derecho de la unión, y sigue abusando de la contratación temporal con total impunidad, sin tomar medidas que cumplan de verdad el objetivo de la directiva de proteger a sus trabajadores temporales del abuso. Por lo tanto, la única solución viable es la fijeza.
La Administración abusadora quiere prescindir de nosotros antes de que se publique un nuevo EBEP, en el que tendrán que establecer herramientas para compensarnos y, cuando hayamos cesado, no habrá a quién indemnizar. En su huida hacia delante, las administraciones públicas están fomentando y provocando el despido libre y gratuito de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores públicos, de manera encubierta, bajo el nombre de procesos de estabilización. Y lo están haciendo en medio de una pandemia que nos desborda de trabajo en hospitales, colegios, administraciones…; saltándose las medidas de prevención sanitaria y el sentido común y en contra del tribunal de justicia de la unión europea, que ha dicho que los procesos selectivos -de libre concurrencia- no son una sanción válida al abuso de temporalidad.
Nos están despidiendo sin ningún tipo de compensación. Cientos de miles de personas y de familias que, tras años de abuso y poco antes de su jubilación, son condenadas al paro y a los subsidios sociales que pagamos todos los ciudadanos. La mayoría son mujeres, con preparación y experiencia, con cargas familiares, una media de edad de 5o años y con nula posibilidad de reinserción laboral.
REIVINDICAMOS
- Que la Administración Pública cumpla el Derecho de la Unión:
- a) Se compruebe, de forma objetiva, cada relación temporal, para determinar si incurre en Abuso de Temporalidad.
- b) Se estudie cada plaza, para ver si su carácter es estructural y con funciones permanentes
- c) Mientras se realiza esa inspección, se mantenga a las presuntas víctimas de abuso en sus trabajos habituales.
- d) Se aplique, según la legislación actual, una REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA que mantenga a las víctimas en sus puestos de trabajo, con las mismas causas de cese que el personal fijo comparable.
- Que el Gobierno atienda la Resolución del 31 de mayo de 2018 del Parlamento Europeo, con políticas de lucha contra el Fraude de Contratación y contra el Abuso de la Temporalidad en el Sector Público, similares a las adoptadas en el Sector Privado. La Directiva protege a todos los trabajadores por igual.
- No discriminación: que se dejen de aplicar normas nacionales que impidan garantizar la igualdad en las condiciones de trabajo del personal temporal respecto del fijo comparable.
