Santander a 9 de mayo de 2024.- la Federación de Enseñanza de USO Cantabria, segunda fuerza sindical del sector de la concertada, acusa al sindicato STEC, de la Junta de Personal de la enseñanza pública, de un absoluto desconocimiento de la Constitución, del sistema educativo y de los presupuestos regionales al proponer captar recursos para bajar el ratio de alumnos de las aulas públicas eliminando para ello la enseñanza concertada en un intento de llevar a cabo un indisimulado “apartheid”.
Esta formación, de corte extremista, ha iniciado una campaña en contra de la enseñanza concertada en pleno proceso de escolarización de un nuevo curso teniendo como único objetivo desprestigiar la enseñanza concertada, polarizando aún más si cabe la educación en Cantabria.
USO rechaza que se aproveche la escolarización para dañar la imagen del colectivo de la enseñanza concertada, cada vez más castigado por las Administraciones y las diferentes leyes educativas, pero que ha demostrado durante estos años que ha luchado por mantener estable la escolarización. Un esfuerzo que ha tenido el reconocimiento de la sociedad al ganar alumnos en proporción estos últimos años así como una mejora notoria de los resultados académicos.
USO manifiesta su discrepancia frente a los argumentos sectarios y trasnochados de quienes no han sabido afrontar la pérdida de peso en la Junta de Personal Docente y juega a ponerle el cascabel al gato para distorsionar y generar opinión ante el colectivo docente de ambas redes.
USO recrimina a estos sindicalistas su actitud tras las amenazas vertidas contra el consejero de Educación en el propio Consejo Escolar. Los trabajadores de la Enseñanza pública deben saber que las artes utilizadas por estos representantes están lejos de lograr acuerdos y que manifiestan en sus planteamientos un desconocimiento presupuestario y constitucional que ampara la convivencia de ambas redes. El pretendido pensamiento único no es el camino para casi nada en esta sociedad plural.
El sindicato reclama para el sector de la concertada un mayor respeto y consideración ya que los trabajadores de dicha red y los centros merecen un tratamiento de igualdad y homologación, ya que ambos están sostenidos con fondos públicos y deben coexistir como dicta el artículo 27.3 de la Constitución. Hay que recordar que el alumno de la enseñanza concertada recibe un 40% menos de fondos públicos que la enseñanza pública. Aún con todo eso, la profesionalidad y dedicación de los trabajadores de los centros concertados goza de buena salud y no va en absoluto en detrimento de la calidad educativa como los resultados del informe PISA ha arrojado este pasado curso.
