Un cambio de criterio de Fátima Bañez hace que ahora el reparto de casi medio millón de euros en Cantabria responda a la calidad de los proyectos presentados.
La Unión Sindical Obrera de Cantabria apoya la decisión tomada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre la aplicación de la Ley de Subvenciones a las acciones que viene promoviendo la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y que supone el reparto de casi medio millón de euros en Cantabria.
El dinero público destinado a la Fundación debe emplearse para promover la Prevención de Riesgos Laborales y no para beneficiar a las entidades que forman parte de su patronato, que en Cantabria son las dos administraciones ( estatal y autonómica), CEOE, UGT y CC.OO. Estas entidades han venido siendo juez y parte en el proceso de reparto de fondos. Hay que apuntar que estos fondos proceden del 80% del exceso de excedentes de la gestión de las Mutuas, es decir, de la Seguridad Social.
Con la aplicación de la nueva Ley de Subvenciones estas acciones tendrán que someterse a la libre concurrencia, por lo que todos los interesados en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, podrán optar en condiciones de igualdad a las ayudas, y que la elección de los proyectos a desarrollar se base en sus características técnicas, y no en los intereses de los patronos como se ha venido haciendo hasta ahora.
Recordemos que cuando el Presidente del Tribunal de Cuentas acudió al Congreso de los Diputados a explicar el Informe de Fiscalización sobre la Fundación ya puso de relieve que las llamadas “Acciones Directas” “solo podían ser solicitadas por los miembros del patronato y de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, lo que afectaba al cumplimiento de los principios de concurrencia, transparencia, objetividad e igualdad y no discriminación, al no tener la misma oportunidad el resto de organizaciones sindicales o empresariales para su ejecución. Las organizaciones sindicales que en su calidad de patronos de la Fundación propusieron la realización de las acciones directas, también ostentaron la condición de solicitantes y ejecutantes de estas acciones”.
El Presidente de este Tribunal apunta, al igual que ha venido denunciando USO durante siete años en la Vía Social, Contencioso-Administrativo y en la vía Civil, que curiosamente, las acciones se repartían de forma casi idéntica entre patronos de la Fundación, lo que denota la existencia de un posible reparto previo del importe, que afecta al grado de eficacia y economía con que se deben desarrollar las acciones.
Además, a lo largo de estos años, USO se ha reunido con partidos políticos, Gobiernos autonómicos, Gobierno central y la Defensora del Pueblo, para hacerles llegar nuestra denuncia del reparto previo de los recursos entre las entidades que conforman el patronato de la Fundación, principalmente CEOE-CEPYME, CCOO y UGT, así como nuestra exigencia de que estos fondos se gestionaran siguiendo la Ley de subvenciones.
