USO denunció en Inspección de Trabajo la desprotección de esta trabajadora y pidió instalar cámaras de vigilancia. Tanto la empresa como la propia Inspección han rechazado la instalación de dispositivos disuasorios. Por ello hemos denunciado públicamente el caso.
«Me puso la pistola en la nuca. Como no me des más dinero te pego un tiro. Y apretó. Sonó ‘clic-clic’.
Desde entonces, cuando duermo oigo ‘clic-clic’». Beatriz López está de baja por estrés postraumático tras un atraco que sufrió el 9 de agosto en su puesto de trabajo. Es recepcionista de salones de juegos y también es el azar el que quiso que aquel día fuese ella la que se enfrentara a un encapuchado armado entrando en el establecimiento a reclamarle la recaudación. Otras compañeras han pasado por lo mismo. De hecho, en los últimos meses Santander ha vivido una oleada de atracos en este tipo de establecimientos, al contabilizarse hasta cinco, al que habría que sumar un sexto registrado a finales de enero en otro salón de juegos radicado en Muriedas (Camargo).
En la empresa en la que trabaja Beatriz, que posee varios locales en la capital cántabra (unos solo de juegos y otros con cafetería), se han registrado cuatro atracos a mano armada desde julio de 2017 hasta enero de este año. Dos en el local de Jesús de Monasterio y otros dos en el de Puertochico. En ambos solo hay un trabajador al frente: La recepcionista. Que recibe a los clientes, lidia con gente problemática y maneja grandes cantidades de dinero «nosotras solas y a la vista de todo el mundo».
El caso de Beatriz llevó al sindicato USO a denunciar ante Inspección de Trabajo la ausencia de medidas preventivas ante el riesgo laboral de atraco y agresiones. Exigían cámaras de videovigilancia y personal de seguridad, sobre todo en aquellos locales atendidos únicamente por la recepcionista (normalmente chicas jóvenes). El organismo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social citó a representantes de la empresa para que aportasen documentación relativa a la evaluación de los riesgos laborales. Y la versión de la empresa es: No se contempla instalar cámaras por su «ineficacia como efecto disuasorio», ya que los atracos los cometen «personas con la cara tapada». Y tampoco se prevé incorporar a vigilantes de seguridad porque su presencia «tampoco eliminaría el riesgo de atraco, riesgo que con frecuencia no resulta posible evitar (…)». Además, en la resolución de Inspección de Trabajo se añade que «conforme a la normativa de seguridad privada los vigilantes podrían portar exclusivamente su defensa reglamentaria pero no portar armas de fuego (…)». Y los atracadores llevan pistola.
Para el sindicato USO los argumentos que contiene la resolución de Inspección de Trabajo son «totalmente estrambóticos», porque estas trabajadoras sacan el dinero de las máquinas ellas solas y sin cámaras, a la vista de todos. «Nosotros lo que pedimos es que les den a estas mujeres un mínimo de seguridad y tranquilidad en su trabajo. Es cierto que un atraco no se puede evitar al 100%, pero no poner medidas preventivas es un efecto llamada para los delincuentes», señala Gustavo Peña, responsable de la Federación de Servicios de USO.
Según la resolución de Inspección de Trabajo, a la que ha tenido acceso este periódico, en los supuestos de atraco en los centros de trabajo coinciden competencias del empresario «que está obligado a evitar los riesgos y a evaluar solamente aquellos que no puedan ser evitados» y de las autoridades del Ministerio de Interior en aplicación de la legislación de seguridad ciudadana. Y según ello «no es competencia» de los inspectores de trabajo establecer la eficacia o insuficiencia de las medidas preventivas de atracos. Pero sí que se ha examinado el plan de prevención y evaluación de riesgos laborales y la Inspección ha decidido requerir a la empresa que evalúe los «riesgos por factores sicosociales» y que proceda a «repetir la formación específica en esta materia». Este es su dictamen.
«Si vienen a robar les dais el dinero y ya está»
Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa Salones Azar Santander, titular de los locales de Puertochico y Jesús de Monasterio, y ha rehusado valorar sus alegaciones ante Inspección de Trabajo acerca de esa «ineficacia», según su opinión, de las cámaras de videovigilancia. No hay cámaras, pero, tal y como consta en el documento, la empresa ofrece «información y formación a los trabajadores como medida preventiva» para que ellos conozcan cómo actuar ante un suceso semejante. Pero según Beatriz López, que entró en la empresa en el año 2013, «nunca» recibió formación alguna. «Solo nos dijeron: si vienen a robar les dais todo el dinero y ya está». Y que hay un botón bajo el mostrador. «Pero no está conectado con la Policía, sino con el encargado la empresa, y si pulsas te bloquea el teléfono para llamarle». Así que cuando la atracaron, ella no lo pulsó. «Preferí llamar a la Policía en cuanto pude». Sufrió una crisis de ansiedad y en el hospital vieron que el atracador le había propinado un culatazo en la nuca, por el que tuvo que llevar collarín y tiene una vértebra desplazada. Beatriz sigue de baja con tratamiento psiquiátrico.
«Es fundamental tener cámaras, sabemos cómo relacionarlos aunque vayan encapuchados», dice el subinspector que investiga los atracos
Tres de los seis atracos a salones de juegos se han saldado con detenciones. Los otros tres todavía se están investigando y las imágenes de las cámaras de seguridad resultan «fundamentales», por mucho que los autores vayan encapuchados o disfrazados. De hecho, el subinspector del Grupo de Atención al Ciudadano (los ‘zetas’), uno de los agentes que está investigando los hechos, dice que dos de los atracos sin resolver, el de la Porticada y el de Muriedas, pudieron haber sido cometidos por la misma persona. En las imágenes grabadas en ambos locales -estos son los únicos de la lista que sí tienen cámaras- los expertos perciben ciertos gestos coincidentes, «como la manera de empuñar la pistola (…)».
En los seis casos se ha detectado un modus operandi similar: «entran armados, encañonan a la empleada, le piden el dinero, la meten en el cuarto de baño y se van», cuenta este subinspector, el mismo que consiguió desarmar al primero de los atracadores de esta oleada, el del 8 de julio en Jesús de Monasterio, un servicio que le valió el reconocimiento del jefe Superior de Policía, Héctor Moreno, en la presentación del balance de las actuaciones más destacadas de 2017.
Sobre esta serie de robos, el jefe Superior ha indicado que «en breve» el Servicio de Juegos de Azar de la Policía Nacional convocará su reunión anual, una cita que cada año se celebra en un punto de España «en la que se aborda esta problemática y se ponen en común los casos, para analizar el modus operandi». Además, Moreno, que precisamente fue en su día el responsable del Servicio de Control de Juegos de Azar, ha dicho que pretende «reactivar» los asuntos relacionados con el juego en Cantabria, «una competencia que está transferida a las comunidades autónomas». Sobre la conveniencia de que estos locales tengan cámaras, apunta que «la información que proporcionan no se puede desperdiciar. Porque los policías se las saben todas. Los conocen hasta por cómo caminan».
«Sacamos los fajos de billetes delante de todo el mundo»
Beatriz es educadora infantil y tenía 22 años cuando, estando en el paro, vio la oferta de trabajo en Salones Azar Santander. Las condiciones no eran malas, cuenta, «salario de 900 euros, unas funciones definidas y buena proporción de descansos». Pero todo cambió cuando las recepcionistas debieron de asumir también la labor de la recaudación, que antes desempeñaba un mecánico. «Ahora nosotras mismas sacamos los fajos de billetes, cargamos con las pesadas cajas de las monedas, sin cerrar la puerta, delante de todo el mundo. La gente sabe que tenemos las llaves y el dinero».
En ello estaba aquel 9 de agosto, cuando entró un hombre con pasamontañas y le apuntó con su pistola en la frente. «No te muevas, no hagas el tonto, no me mires o te pego un tiro en la cabeza», rememora Beatriz. Fue entregándole el dinero de la máquina de cambios, de 400 en 400 euros, hasta que al llegar a 3.200 el sistema se bloqueó. «Él quería más, no me deja abrirla, le dije. Me giró la silla y me puso otra vez la pistola. No hagas el tonto, tienes un hijo. Noté un golpe en la nuca…». La alusión a su hijo le lleva a pensar que ese hombre era cliente del establecimiento, que la conocía a ella y pudo ver las cantidades de dinero que maneja. Los investigadores sospechan que podría ser un ludópata, porque al ser detenido comentó: «robé al salón porque el salón me robó primero a mí».
Después de tres meses de baja, un informe de su médico aconsejaba que en su incorporación Beatriz estuviese acompañada en su puesto de trabajo. Cuando regresó, el 13 de octubre, le asignaron el local de San Fernando. «Sola otra vez. No me acompañaron. Cuando abrí y vi todo oscuro me desmayé». La limpiadora se la encontró en el suelo, llorando y temblando. A los dos días le dieron otra baja por recaída de accidente laboral, con la que sigue actualmente, luchando contra el insomnio y los ataques de ansiedad. El padre de Beatriz, Ignacio López, ha vivido con «angustia» todo el proceso de su hija, «esto para mí es violencia de género a pequeñas dosis: tener a chicas jóvenes en un puesto así, en una situación de absoluta indefensión», defiende su padre.
«Tengo miedo, no puedo estar sola. Mejoraré cuando me desligue de la empresa y salga el juicio del atraco», dice Beatriz, que ha decidido hacer público este caso para que tal vez la empresa cambie de idea e instale cámaras de videovigilancia. «Nunca podré estar tranquila si algún día le pasa algo a alguna de mis compañeras». ( Mariña Álvarez. D
