La empresa pactó con UGT y CC.OO un sistema de bajas que produce un quebranto de más de 3 millones de euros a la Seguridad Social
El año 2018 se cierra en Solvay Torrelavega con la cifra de 34 despidos, que gracias a la colaboración de UGT y CCOO han sido tramitados como despidos objetivos individuales y no mediante la tramitación de un ERE.
Todos los despidos fueron conciliados en el ORECLA. La negativa de Solvay, UGT y CCOO de negociar un ERE, le ha supuesto una merma de ingresos a la Seguridad Social de una importante cuantía económica que supera los 3 millones de euros.
El mirar para otro lado frente a la obligación moral y legal de grandes empresas como Solvay de ingresar al Tesoro Público las cotizaciones correspondientes es una irresponsabilidad social a la vez que una hipocresía cuando luego las mismas administraciones y organizaciones políticas y sociales reclaman una sanidad, educación, pensiones y prestaciones sociales decentes; encontrándonos con la falta de recursos económicos suficientes.
La grandes empresas, que disfrutan de cuantiosos beneficios en sus resultados al final de año (Solvay entorno a 2000 millones de euros) y se benefician de ayudas y subvenciones públicas, deben practicar la Responsabilidad Social Corporativa y contribuir ingresando a la Seguridad Social el costo social y económico de sus despidos, contribuyendo con hechos al mantenimiento del sistema público de protección social, que es garantía de solidaridad intergeneracional.
Sección Sindical USO-Empresa Solvay
