FTSP-USO denuncia los contratos adjudicados por las Administraciones públicas a empresas de seguridad defraudadoras del Estado.
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO Cantabria (FTSP-USO) denunciará ante los organismos de la Administración pública las adjudicaciones de vigilancia de las diferentes administraciones del Estado.
Las administraciones públicas, aplicando la Ley de Contratos del Estado, adjudica los servicios de vigilancia del conjunto del Estado, administraciones autonómicas, centrales, ferrocarriles, etc., aplicando como único requisito la oferta más barata. Estas decisiones de nuestros gobernantes están generando unas deudas cuantiosas, recientemente publicadas por la Agencia Tributaria.
Entre las numerosas empresas deudoras de la Hacienda Pública un buen número de ellas pertenecen al sector de seguridad. Éstas mantienen unas deudas que en algunos casos sobrepasan los 13 millones de euros con la Agencia Tributaria y deudas cuantiosas con la Seguridad Social por la falta de cotizaciones a la propia entidad.
Todo ello supone un fraude a la sociedad que ve como continuamente se denuncian casos de corrupción, siendo éste un caso de los más graves por su volumen económico, puesto que es la propia Administración quien es capaz de adjudicar los servicios utilizando una Ley claramente obsoleta a pesar de su juventud, defraudándose en algunos casos unos organismos a otros.
Recientemente hemos sufrido dos casos en nuestra comunidad. El fracaso de la contratación de la patrullera de aduanas ALCARAVAN, en la cual la empresa adjudicataria mantiene una deuda de más de 6 millones de euros con la Agencia Tributaria además de con sus propios trabajadores, con más de 8 meses sin percibir sus salarios y obligados a continuar en su puesto de trabajo. Otro ejemplo es el servicio de ADIF RENFE, en el cual ya denunciamos en noviembre el embargo por parte de la Agencia Tributaria de sus facturaciones, más de 13 millones de euros de deuda y los trabajadores sin percibir sus salarios desde diciembre.
La consecuencia de este tipo de contrataciones es por una parte las cuantiosas pérdidas económicas derivadas de la falta de ingresos en cotizaciones e impuestos a la Agencia Tributaria. Por otra, el encarecimiento que supone que todos los trabajadores afectados acabarán percibiendo sus salarios del conjunto de la sociedad a través de nuestras aportaciones al FOGASA. Mientras, las diferentes administraciones del Estado mirando para otro lado y en algunos casos los empresarios del sector en paradero desconocido.
Por todo ello, instamos a las formaciones políticas de nuestra Comunidad, ayuntamientos y al Gobierno regional a resolver de una vez por todas estas situaciones de fraudes económicos, sociales y desamparo de los trabajadores afectados.
El sindicato USO ha iniciado una ronda de contactos con las diferentes administraciones y partidos políticos para poner fin a esta situación.
