Para el Juez, la política de contratación de la empresa concesionaria del transporte sanitario en Cantabria, que ha denunciado USO, merece el “reproche judicial”
El Juzgado de lo Social nº 3 de Santander ha estimado la demanda de conflicto colectivo planteada por USO frente a la práctica habitual de la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario de Cantabria, Ambuibérica, de celebrar contratos en prácticas, con un salario más bajo de un 40%, para cubrir puestos de trabajo estructurales, permanentes y no coyunturales.
En la sentencia ha quedado acreditado que se utiliza este tipo contrato para cubrir puestos de trabajo que son necesarios para el normal funcionamiento de la empresa y que deberían ser cubiertos por contratos indefinidos.
Dicha práctica ha merecido el reproche del Juez que considera “fraudulenta, contraria a derecho “y por tanto “merece el reproche judicial”.
La sentencia ha fallado que cubrir con contractos en prácticas puestos de trabajos estructurales, permanentes y no coyunturales es ilegal y deben de ser cubiertos con contratación laboral ordinaria.
El Juez constata que cuando la Inspección inicia la investigación había en la empresa 65 operarios en prácticas, más de un 18% de la plantilla y que la reducción llevada a cabo posteriormente a 38 contratos se ha producido porque “quizás el requerimiento de la Inspección haya ayudado a la reducción”.
El Juzgado no concede que la totalidad de los contratos en prácticas sean indefinidos de modo automático ya que “habrá de estar a cada caso en particular y analizar separadamente las circunstancias del mismo”. La sentencia admite recurso de reposición.
Para USO, esta sentencia cobra especial relevancia dado que se produce en una empresa que realiza un servicio público y por tanto es contratada por la Administración regional. Una de las lacras que sufre los trabajadores es la precarización, el elevado fraude y el abuso empresarial. Estas tres circunstancias se producen de manera bochornosa en una empresa que trabaja directamente para la Administración sin que la misma se dé por concernida ni establezca controles básicos antifraude. Por ello USO insta a la Administración regional a que tome las medidas oportunas para evitar nuevos abusos y bochornos políticos como el que se desprende de esta sentencia.
