Once años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres; después de dos procesos de elecciones generales en los últimos cuatro años, y de la brutal crisis económica de los últimos tiempos, desde USO continuamos denunciando la deficitaria aplicación y falta de acompañamiento presupuestario de esta ley.
Insistimos en que uno de los principales indicadores de calidad de vida de la población es el acceso en igualdad de oportunidades, para mujeres y hombres, a todos los ámbitos de la vida. El derecho al trabajo digno, que emana de la Constitución Española, es una condición esencial para la igualdad de derechos efectiva, para la independencia económica y la realización profesional de las personas.
Desde USO, centramos nuestra campaña reivindicativa de este 8 de Marzo en la situación laboral de las mujeres y, con el lema “Rompamos la etiqueta de la precariedad femenina”, denunciamos no solo la desigualdad existente, sino que las mujeres, por el mero hecho de serlo, generalmente tienen condiciones laborales y sociales más precarias durante toda su vida.
Desde que son jóvenes, las mujeres acceden, en su mayoría, a puestos de trabajo parciales o temporales, lo que repercute en inferiores salarios y cotizaciones a la Seguridad Social desde edades tempranas. Esa etiqueta, la de la precariedad laboral, se extiende durante toda la vida laboral de la mujer.
Las mujeres de mediana edad ven condicionada esta fase de su vida laboral por la maternidad y los cuidados de sus hijos e hijas. Para muchas empresas, que una mujer se encuentre en edad fértil o con hijos sigue siendo un problema. Después de ser madres, la mayoría de las mujeres acceden a puestos de trabajo con contratos parciales o con remuneraciones inferiores a las de los hombres. Otro condicionante fundamental es que las mujeres siguen teniendo en nuestra sociedad el rol de cuidadoras: esto y la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral las lleva a elegir trabajar un menor número de horas o incluso dejar el trabajo para hacerse cargo de los cuidados familiares. Todo ello se traduce en una disminución del tiempo y de las cantidades cotizadas a la Seguridad Social.
Durante la vejez, tras cotizaciones marcadas por contratos temporales y a tiempo parcial, las pensiones de las mujeres son un 40% inferiores a las de los hombres. Tal y como hemos denunciado en varias ocasiones, el 71% de las pensiones que están por debajo del SMI son de mujeres. Esto hace que muchas mujeres pensionistas sean cada vez más pobres y que, tras toda una vida trabajando, no puedan tener una vejez digna.
Durante este último año, tenemos ejemplos recientes de países europeos que han apostado de manera real por acabar con la brecha salarial.
En enero, el Gobierno Español, refiriéndose a imponer un sistema de sanciones con el fin de reducir la brecha salarial -el 14,9% en nuestro país-, ya ha dejado claro que, a pesar de la tendencia de los países europeos a acabar con ella, no quiere hablar de este tema. Por ello, consideramos que es ahora cuando más fuerza tenemos que darle a estas reivindicaciones por parte de la sociedad y de los agentes sociales, y dejar bien claro que la ciudadanía quiere acabar con la precariedad laboral y social femenina.
Desde la USO, pedimos una legislación que vaya más allá de la igualdad legal, y que se transforme en una igualdad de oportunidades real, que tenga en cuenta estos modelos puestos en marcha y considere la igualdad salarial efectiva en empresas públicas y privadas en su propia génesis, sin venir condicionada en ningún caso por el número de trabajadoras y trabajadores que ejerzan la actividad, y que garanticen la igualdad salarial desde el mismo momento en que comienza la relación laboral.
Otra de nuestras grandes reivindicaciones es la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ratificado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre de 2017. Desde la USO, exigimos que las medidas planteadas lleven acompañamiento presupuestario para acabar con esta lacra social. A finales de enero, aún no se habían firmado los Presupuestos Generales del Estado para 2018, por lo que el gobierno no había liberado la cantidad de 200 millones que prometió para arrancar el pacto en el primer cuatrimestre de 2018.
Por todo ello, desde USO continuaremos luchando para romper la etiqueta de la precariedad que acompaña a las mujeres desde el inicio de su vida y exigimos acabar con la brecha salarial, con la precariedad en la contratación femenina, con el techo de cristal, con el desempleo femenino y con la violencia de género. Asimismo, exigimos planes reales de conciliación y corresponsabilidad, que posibiliten a las mujeres desarrollar su carrera profesional en igualdad de oportunidades, así como una mayor apuesta por la educación y la concienciación para la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.
Este 8 de marzo, rompamos la etiqueta de la precariedad fe