Para el sindicato, el recurso trata de dilatar el proceso para evitar que asuman responsabilidades los directivos implicados, entre ellos la exdirectora general de Trabajo, Rosa Castrillo.
La dirección de Global Stell Wire (GSW), perteneciente al Grupo Celsa, ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que declaró nulo el despido de Ismael Anievas Castillo, sindicalista de USO, y condenó a la empresa una indemnización de 9.000 euros por vulneración de derechos fundamentales. La empresa ha apurado los plazos legales y ha presentado el último día ante el TSJC el anuncio de recurso ante el Alto Tribunal.
El despido del trabajador fue realizado horas después de que realizara actividades sindicales en la empresa junto al delegado sindical de USO en la planta santanderina, David Gutiérrez Cipitra, en mayo del pasado año, el cual también fue despedido. Estos hechos fueron recurridos judicialmente por USO. La primera vista se celebró ante el Juzgado Nº5 de Santander, que resolvió la demanda por despido de Ismael Anievas con una dura sentencia, declarando nulo el despido y condenando a la empresa por ataques a la libertad sindical. El trabajador retornó a su puesto de trabajo y la empresa recurrió ante el TSJC. La Sala de lo Social de TSJC ratificó todos y cada uno de los puntos en que se fundamentaba la sentencia de primera instancia y volvió a calificar como nulo el despido y confirmó la sanción impuesta de 9.000 euros. La vista en primera instancia de David Gutiérrez Cipitria se celebrará en próximo 28 de marzo.
Para USO, la dirección de GSW está llevando a cabo una estrategia de dilatar los tiempos con el fin de evitar asumir responsabilidades ante los graves hechos ocurridos y que han sido ratificados por los tribunales cántabros. El sindicato insta a Rosa Castrillo, directora de RR.HH y exdirectora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, a admitir su responsabilidad y dejar de esconderse detrás de los tiempos jurídicos. El sindicato acudirá ante Inspección de Trabajo y Dirección General de Trabajo para solicitar la apertura de sendos expedientes sancionadores por ataque a la libertad sindical.