El oportunista personaje del Gatopardo Tancredi Falconeri se retorcería de placer si se le diera la oportunidad de trasladarse de la vieja Sicilia garibaldina a esta cabreada y asamblearia España.
El sobrino de Don Fabrizio se movería como una ágil goleta entre los fuertes vientos de cambio que aparentan remover los cimientos del sistema. Exactamente la misma habilidad que hacen gala los sindicatos mayoritarios de este país. La pericia de UGT y CCOO de estar presentes en la mayoría de los movimientos sociales de transformación política con pretendidos tintes y alardes revolucionarios es proverbial, sobre todo porque su participación solo intenta afectar a la superficie de la estructura del poder manteniendo la esencia del sistema.
Las importantes prerrogativas conseguidas por estos dos sindicatos en los albores del actual régimen político contienen una indisimulada estrategia para perpetuar el bisindicalismo, hacer prácticamente invisibles al resto de sindicatos, y con ello mantener el control político de la calle. ¡Y vaya si lo han conseguido! El próximo 2 de agosto se van a cumplir 30 años de la sanción por parte del Rey Juan Carlos I de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) promovida por el Gobierno de Felipe González, uno de los focos donde se inició el incendio de corrupción que parece arrastrar a España y que muchos ciudadanos bienintencionados pretenden en estos momentos atajar y combatir.
Para situar al lector que sea ajeno a estos menesteres nada mejor que un sencillo ejemplo ¿es imaginable que transcurridas las elecciones autonómicas en nuestra región solo tuvieran presencia y representatividad en las instituciones políticas y sociales el Partido Popular y el Partido Regionalista? Pues eso es exactamente lo que ocurriría si extrapolásemos las cláusulas techo de representatividad de la LOLS al ámbito político. En las últimas elecciones autonómicas los sucesores de los promotores de la Ley obtuvieron un apoyo del 14,01% de los electores y por tanto, con ese mismo criterio, los socialistas no tendrían la consideración de partido representativo cántabro. Por su parte, los partidos políticos Podemos y Ciudadanos, con un 8,83% y 6,92% de representación respectiva, pasarían directamente del actual protagonismo al limbo político y con ellos los miles de votantes que representan. La legislación que nos acompaña en estos 6 lustros es que aquellos sindicatos confederados que no obtengan el 10% de representación en la totalidad del territorio español son conducidos de manera ordenada a la sombra y casi al anonimato, tanto en el nivel estatal como regional. Son despojados del derecho de igualdad en la financiación, de la representación institucional, del acceso a la negociación colectiva, del acceso libre a la promoción de elecciones sindicales. En Cantabria, por si esto no fuera suficiente, se ha ido aún más lejos en la discriminación dentro de las instituciones. El represidente Revilla consintió de manera ominosa en el año 2009 que Dolores Gorostiaga regalara a los “hermanos” de UGT la vigente Ley de Participación Institucional der Cantabria que consiste básicamente en entregar a UGT y CCOO la exclusividad de la representación de los trabajadores en el ámbito institucional cántabro. Gorostiaga elevó del 5% regional al 10% estatal el nivel de representatividad electoral, es decir, aunque USO fuera el principal sindicato de Cantabria, estaría excluido de los foros para participar, no solo en las mesas de debate y negociación institucional, sino en el reparto de los generosos fondos económicos de las llamadas “subvenciones para el fomento del dialogo”. De ahí se explica la compulsiva querencia de estos dos sindicatos por la llamada Mesa de la Concertación Social en detrimento de otros foros más participativos y plurales. De esta manera se consiguió convertir al Consejo Económico y Social (CES), que será próximamente resucitado, en un club reservado. Foro prohibido a sindicatos como USO que mantienen una representación laboral en la región tan solo 4 puntos menor a la que tiene actualmente el partido socialista en su ámbito. Una Ley discriminatoria que bien por miopía o por simple cobardía no ha sido modificada en los últimos 4 años por la mayoría absoluta del Partido Popular
Resulta evidente que no puede haber una regeneración política y social si no existe una regeneración sindical. Este axioma parece haber sido olvidado o al menos no tenido en cuenta por las nuevas y aún minoritarias fuerzas políticas emergentes. No existe en la agenda de Ciudadanos ni de Podemos mención expresa al necesario cambio legislativo que garantice una auténtica democratización del marco sindical en España y sus regiones. Y eso nos lleva de nuevo a la paradoja de Lampedusa
Tancredi Falconeri, de estar entre nosotros, volvería ahora a repetir a su angustiado tío “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Al fin y al cabo, cuando el vendaval pase, “todo se apaciguará en un montoncito de polvo lívido”.
Justino Sánchez Gil
Secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales
USO-Cantabria
