El sindicato USO convocará movilizaciones para que los trabajadores de la empresa de seguridad, en preconcurso de acreedores, sean subrogados en otras compañías
Santander, a 12 de mayo de 2019 La extrema situación económica por la que atraviesa la empresa de seguridad OMBUDS, declarada en preconcurso de acreedores, puede afectar al empleo de los 50 trabajadores que la firma mantiene en Cantabria y unos 8.000 en el resto del país.
La empresa, participada en un 70% por el fondo de inversión estadounidense JZI y el resto por el empresario Rodrigo Cortina, presentó el pasado 30 de junio solicitud de preconcurso de acreedores tras la decisión del Santander, Bankia y Caixabank de retirar las líneas de crédito comercial que aportaban liquidez . OMBUDS adeuda a sus trabajadores las nóminas de junio y todavía no ha abonado la paga extraordinaria, aunque aún se encuentra en plazo. Asimismo, la compañía ha disparado sus deudas durante el último ejercicio que pasó de 10,2 a los 41,5 millones de euros. Su deudor principal es la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Esta empresa tiene contratados los servicios de vigilancia y seguridad en Cantabria en los supermercados Carrefour, museos públicos y oficinas de Correos, entre otros.
Los impagos y la previsión de insolvencia total de la empresa con la consiguiente acumulación de deuda, ha llevado al sindicato USO y su Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada (FTSP-USO) a instar a los clientes a que adjudiquen sus servicios de seguridad a empresas solventes sin demora, facilitando su subrogación para garantizar la estabilidad laboral y económica de los trabajadores
Para ello, FTSP-USO ha programado una jornada de movilizaciones en todo el territorio nacional el próximo día 22 de julio. Concretamente en Cantabria se llevará a cabo una concentración ante la sede central de Correos en Santander de 12:00 a 13:00 horas
Por otro lado, FTSP-USO Cantabria ha presentado la denuncia correspondiente en la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Cantabria por incumplimiento grave de las normas laborales.
La empresa, que dispone de 3 meses para negociar un plan de viabilidad con los acreedores, principalmente con administraciones públicas, espera salvar la grave situación financiera con la entrada de un socio extranjero, que vendría a sustituir al fondo de inversiones norteamericano, pero esta circunstancia, a día de hoy no ha pasado del umbral de las intenciones.
Según fuentes presentes en la negociación, es posible la presentación en los próximos días u horas de la solicitud de concurso de acreedores.
La empresa cerró el año 2017, último ejercicio auditado, en quiebra técnica al tener un fondo de maniobra negativo de 16,9 millones de euros.
