Es también la comunidad, junto con la Rioja, en la que más se incrementaron las víctimas.
La Comunidad cántabra ha aumentado en un 27% las denuncias en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer (JVM) durante el periodo 2016-17. En el último año las denuncias registradas en nuestra región fue de 1.908, un 27% más que el año anterior. La media española se situó en un 16%. La segunda región con más aumentó de denuncias fue Madrid con un 25% y la menor fue la vecina Asturias, con una reducción de denuncias del -1%.
A su vez, Cantabria se situó a la cabeza del incremento de las víctimas de violencia de género durante ese periodo con un aumento del 42%, más del doble que la media nacional y sólo superada por la Rioja con un 62%. Asturias fue la que menor registro obtuvo con una reducción del 7% anual. La media nacional aumentó en un 18%.
Estos datos contrastan con el ratio de órdenes y mujeres víctimas de violencia de género. Cantabria es la segunda región con un menor ratio de órdenes de protección dictadas, el 16%; solo superada por el País Vasco con el 16,7%. La media nacional ha sido del 24%.
En cuanto a la protección económica de las víctimas para garantizar su independencia, nuestra región se sitúa con cifras ligeramente por encima de la media en cuanto a contratos bonificados y de sustitución, pero muy lejos de lo necesario para que las mujeres que sufren violencia de género puedan ser autónomas de su agresor. Sobre el total de denuncias, el número de contratadas mediante estas modalidades previstas para garantizar la reinserción laboral solo alcanza el 0,9%, tres décimas por encima del cómputo general. Desde que se implementó por Ley este tipo de contratos, nuestra región ha registrado 62 contratos bonificados y 44 contratos de sustitución.
Datos nacionales
El sistema de protección para las víctimas de violencia de género sigue fallando tanto en detección como en protección y reinserción. Según el “Informe sobre Violencia de Género 2018”, elaborado desde la Secretaría de Formación Sindical e Igualdad de USO, el número de denuncias presentadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer aumentó un 16% en 2017 frente a 2016, creciendo en todas las autonomías, salvo en Asturias. Sin embargo, la proporción de quienes consiguen que se dicte una orden de protección ha descendido, bajando al 24% de las mujeres en 2017 frente al 29% que la obtenían en 2015. Es preocupante que baje este ratio si tenemos en cuenta que el 30% de las mujeres asesinadas el año pasado a manos de sus parejas o exparejas habían interpuesto una denuncia, un 11% más que en 2016. Demuestra que la protección de las víctimas es aún deficiente.
En este problema de toda la sociedad, desde el ámbito sindical queremos llamar la atención sobre el extremo más grave de la violencia de género, las 971 víctimas mortales a cierre del informe (hoy al menos 972) y los 27 menores asesinados, pero también sobre la dificultad que encuentran las víctimas que están en otras fases de la violencia de género para poder independizarse económicamente de su agresor.
En este sentido, destacan de forma negativa las concesiones de ayudas económicas o la formalización de contratos para conseguir esa autonomía que, en muchos casos, es lo que acaba por atar a la víctima a su agresor e impedirle la ruptura con él. Las ayudas económicas previstas por la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 alcanzan únicamente a un 0,5% de las denunciantes. Además, las ayudas para cambio de domicilio y la recepción de la renta activa de inserción marcaron un pico entre 2014 y 2015 y, desde entonces, han descendido sus concesiones año a año.
Nuestro país registra más de 153.000 denuncias por violencia de género al año. Según el sistema de seguimiento integral VioGen, han ascendido el número de casos con algún tipo de riesgo apreciado, situándose los casos que no aprecian riesgo en el 46,03% de los estudiados, frente al 75% que se descartó en 2013, su primer año de funcionamiento. Los que sobrepasan el riesgo medio están cerca del 9,5%, frente a menos del 5% en 2013. También ha ascendido constantemente desde 2012 el número de usuarias de Atenpro, el servicio telefónico de protección a las víctimas. A pesar de ello, las cifras de asesinatos machistas demuestran que el sistema no consigue proteger a las mujeres. Por lo tanto, es exigible que no se escatimen recursos. Que haya o no Presupuestos, no se deje de dotar de la partida correspondiente al tan necesario Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
