El proyecto de Ley presentado por el Gobierno mejora el acceso a la vivienda a las clases trabajadoras pero debe ser completada en el trámite parlamentario.
USO valora positivamente algunos de los aspectos del borrador de Ley de Vivienda Protegida que ha presentado en Comisión el consejero de Obras Públicas, Rodríguez Argüeso, aunque espera que en la tramitación parlamentaria sea mejorada.
Para el sindicato la futura Ley dará una mayor seguridad jurídica en un asunto especialmente sensible para las clases trabajadoras. La vivienda junto con el trabajo, son dos aspectos de extrema importancia que deben ser tratados con especial sensibilidad y el mayor de los consensos políticos y sociales. La normativa que lo regule debe aspirar a tener la máxima en permanencia en el tiempo con independencia de quien gobierne. La sociedad ha cambiado mucho desde el año 1978, año que data el Decreto que regula actualmente las VPO y por ello es necesaria una nueva Ley que aporte soluciones al problema del acceso a una vivienda digna en estos momentos.
Otro de los aspectos positivos del borrador es la adaptación al nuevo modelo social que cada día se inclina más por el alquiler. Con este proyecto se ampliará la oferta de alquiler en unas condiciones a priori más accesibles para las rentas menos favorecidas y por tanto habrá más personas beneficiadas. Por otro lado, trasladar los requisitos de renta a quien habite la vivienda en vez de al comprador puede animar a un sector de la construcción necesitado de actividad dado la apertura a la inversión inmobiliaria que se produce con el cambio legal proyectado.
Para USO la Ley puede y debe ser mejorada en diferentes puntos, entre ellos el aumento de medidas de ayudas a los discapacitados ya que las que se contemplan son claramente insuficientes. Otro aspecto mejorable es la necesidad de reducir las cargas administrativas al máximo y que se agilice la gestión con el fin de conseguir los objetivos marcados en la Ley. Las ayudas a las familias numerosas deben ser más favorables a lo que está previsto en el proyecto de Ley y creemos que es un déficit que podría mejorarse en la tramitación parlamentaria. La limitación de 90 metros debe ser aumentada ya que esa superficie habitable es claramente insuficiente para muchas de las unidades familiares que deben optar a este tipo de vivienda protegida. Por último, para USO sería importante que la futura Ley regulara la no devolución de las ayudas en caso de desahucio.