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Miguel Colsa, Jesús Hernández, José Lanza y José Via

USO presenta una demanda contra la empresa concesionaria en Cantabria, Ambuibérica,  por un claro  fraude de Ley  y  abuso de Derecho.

El servicio de transporte sanitario para el servicio cántabro de salud, viene siendo prestado por la empresa Ambuibérica en régimen de concesión administrativa utilizando el contrato en prácticas de forma abusiva. La empresa tiene en torno a 90 trabajadores (25% de su plantilla) cubierta por contratos en prácticas encadenados, llegando a cubrir un mismo puesto de trabajo durante más de 5 años con esta modalidad de contrato laboral.

USO ha presentado demanda de conflicto colectivo ante el Orecla y el Juzgado de lo Social contra Ambuibérica por considerar estas  prácticas de la empresa de encadenar contratos en prácticas para cubrir puestos, de naturaleza permanente, estable e indefinida, como  un fraude de Ley y un abuso de derecho, como lo viene determinando los tribunales de justicia españoles y europeos.

USO reclama de la empresa que los puestos de trabajos estructurales, permanentes y no coyunturales en la contrata del servicio de transporte sanitario del Gobierno de Cantabria se cubran con contratación indefinida y estable.

Con la estabilidad en el empleo el sindicato USO pretende: Reducir la precariedad laboral y la conversión en indefinidos de los contratos en prácticas. Una mayor cotización a la Seguridad Social con el contrato indefinido (el trabajador en prácticas cobra y cotiza el 60% el primer año y el 75% el segundo año de un trabajador que realiza la misma función) para garantizar las prestaciones sociales (sanidad, educación, pensiones…). La inserción laboral de los jóvenes y su acceso a un empleo indefinido y la mejora de la prestación del servicio público del transporte sanitario a la ciudadanía de Cantabria, evitando la rotación abusiva de contratos en prácticas.

USO reclama del Gobierno de Cantabria que vele por el cumplimiento de la legalidad de sus contratas favoreciendo el empleo estable, con cotizaciones sociales que permitan financiar las prestaciones sociales a la vez de mejorar la calidad asistencial del transporte sanitario, con personal con acreditada experiencia una vez superados los dos años de contrato en prácticas.

Por todo, ello USO exige del Gobierno de Cantabria que en la nueva adjudicación del servicio pondere y tenga en cuenta para su adjudicación la cantidad y calidad del empleo que genera el transporte sanitario financiado con los impuestos de toda la ciudadanía de Cantabria y la mejora asistencial del mismo mediante trabajadores con experiencia y con la mayor solvencia profesional.

 

 Sección Sindical USO Ambuibérica y Federación Servicios USO

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FTSP-USO  denuncia los contratos  adjudicados  por las Administraciones públicas a  empresas de seguridad defraudadoras del Estado.

 La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO Cantabria (FTSP-USO) denunciará ante los organismos de la Administración pública las adjudicaciones de vigilancia de las diferentes administraciones del Estado.

Las administraciones públicas, aplicando la Ley de Contratos del Estado, adjudica  los servicios de vigilancia del conjunto del Estado, administraciones  autonómicas,  centrales, ferrocarriles, etc., aplicando como único requisito  la oferta más barata. Estas decisiones de nuestros gobernantes están generando unas deudas cuantiosas, recientemente  publicadas por la Agencia Tributaria.

Entre las numerosas empresas deudoras de la Hacienda Pública un buen número de ellas pertenecen al sector de seguridad. Éstas mantienen unas deudas que  en algunos casos  sobrepasan los 13 millones de euros con la Agencia Tributaria  y deudas cuantiosas con la Seguridad Social  por la falta de cotizaciones a la propia entidad.

Todo ello supone un fraude a la sociedad que ve como continuamente se denuncian casos de corrupción, siendo éste un caso de los más graves por su volumen económico, puesto que es la propia Administración quien es capaz de adjudicar los servicios  utilizando una Ley claramente obsoleta  a pesar de su juventud, defraudándose en algunos casos unos organismos a otros.

Recientemente hemos sufrido dos casos en nuestra comunidad. El fracaso de la contratación de la patrullera de aduanas ALCARAVAN, en la cual la empresa adjudicataria mantiene  una deuda de más de 6 millones de euros con la Agencia Tributaria además de con sus  propios trabajadores, con más de 8 meses sin percibir sus salarios y obligados a continuar en su puesto de trabajo. Otro ejemplo es el servicio de ADIF RENFE, en el cual ya denunciamos en noviembre el embargo por parte de la Agencia Tributaria de sus facturaciones, más de 13 millones de euros de deuda y los trabajadores sin percibir sus salarios desde diciembre.

 La consecuencia de este tipo de contrataciones es por una parte las cuantiosas pérdidas económicas derivadas de la falta de ingresos en cotizaciones e impuestos a la  Agencia Tributaria. Por otra, el encarecimiento que supone que todos los trabajadores afectados acabarán percibiendo sus salarios del conjunto de la sociedad a través de nuestras aportaciones al  FOGASA.  Mientras, las diferentes administraciones del Estado  mirando para otro lado y  en algunos casos los empresarios del sector  en paradero desconocido.

Por todo ello,  instamos a  las formaciones políticas de nuestra Comunidad, ayuntamientos  y al Gobierno regional a resolver de una vez por todas estas situaciones de fraudes económicos,  sociales y desamparo de los trabajadores afectados.

El sindicato USO ha iniciado una ronda de contactos con las diferentes administraciones y partidos políticos para poner fin a esta situación.