Los trabajadores de la seguridad privada irán a la huelga  si no hay acuerdo en la negociación colectiva

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Unos 200 trabajadores de la seguridad privada de Cantabria se han concentrado esta mañana  frente a la Delegación de Gobierno de Cantabria por la falta de acuerdo en la negociación colectiva. La concentración estaba convocada por los principales sindicatos del sector en Cantabria, USO, UGT, CC.OO y CSIF.

El incremento salarial es el principal escollo en la firma de un nuevo convenio colectivo que se lleva negociando  durante  9 meses. La patronal ha eliminado las pretensiones  iniciales de eliminar o congelar  el plus de  antigüedad  y la retirada del complemento de incapacidad temporal.  Las dificultades para llegar a un acuerdo se encuentran en los incrementos salariales. La patronal pone sobre la mesa un convenio a 3 años con congelación salarial para el primer año, 2017, y un incremento del 1,4% el segundo año y un 1,8% el tercero. La parte social rechaza esta oferta y pretende incrementos salariales desde el primer año de vigencia y superiores al ofertado.

La parte social está dispuesta a suscribir un nuevo acuerdo si la patronal mantiene el actual texto de convenio, rechazando recortes en derechos sociales,  y si hay un incremento salarial que subsane  las pérdidas del poder adquisitivo sufrido en este sector durante los últimos años de crisis. Caso de no llegar a un acuerdo en este sentido los sindicatos presentes en la Mesa Negociadora podrán convocar una huelga en todo el sector en Cantabria

En la concentración participaron trabajadores de la empresa Marsegur, contratada por el Ministerio de Defensa,  que se encuentran en huelga por la falta de abonos salariales de los últimos meses. Precisamente, la contratación de empresas “piratas” por las administraciones públicas es otra de las principales reivindicaciones del sector. Este comportamiento de la Administración contratando a la empresa más barata, lleva consigo la falta de salarios de los trabajadores y lo que es preocupante, la complicidad de la propia Administración en el fraude que se origina con las deudas que se generan ante la Seguridad Social y ante el Ministerio de Hacienda.